Cómo puede Reino Unido volverse verde… y bajar la factura de la luz
El Gobierno británico no quiere que los consumidores tengan que hacer frente a facturas de luz más altas por las innovaciones con bajas emisiones de carbono, como las bombas de calor y los paneles solares. Y tampoco quiere usar más dinero público para subvencionar la implantación de estos aparatos.
Así que su agenda verde corre el riesgo de quedarse estancada en el barro. He aquí una solución: dar a las utilities la tarea de extender aparatos que ayuden a los hogares a consumir menos hidrocarburos, y repartir el coste a lo largo de, digamos, 20 años. Y añadir otras medidas para garantizar que los hogares ahorren más en su uso de energía que el coste anual del nuevo equipo.
Las eléctricas británicas se dividen en dos. Los proveedores compiten para suministrar luz; y los operadores de redes de distribución (DNO), monopolios regionales, son responsables de las infraestructuras. Los DNO deberían ser los responsables de llevar la infraestructura de bajas emisiones a los hogares, porque podrían seguir cobrando una tarifa anual para recuperar sus costes aunque los clientes cambiaran de proveedor. Y como son monopolios, tienen un bajo coste de capital, fijado en el 2,81% por el regulador.
Las inversiones de los DNO dentro de los hogares podrían recibir el mismo trato que las del exterior. Podrían añadirse a sus bases de activos regulados y el cargo más el coste del capital se repartiría a lo largo de muchos años. Llamémosle Plan de Infraestructuras Domésticas (HIP).
Se podría exigir a las utilities que instalaran cada año un millón de bombas de calor, equiparan un millón de hogares con paneles solares y aislaran un millón de casas a partir de mediados de la década. Aunque el Gobierno mostró interés en algo así en 2017, no hizo nada. Pero la crisis le da una razón para revisar su política. Varios estados de EE UU, así como Italia, ya lo hacen.
Otorgar a los DNO esta responsabilidad garantizaría una rápida aplicación. Además, cuando los consumidores vean que sus facturas se reducen, se correrá la voz. La rapidez es una de las ventajas potenciales del HIP frente a otra idea interesante: conseguir que los bancos permitan a los consumidores cargar el coste de las mejoras en sus hipotecas.
Teniendo en cuenta los altos precios del gas, las matemáticas ya son atractivas para los paneles solares. La inversión inicial se amortiza en 14 años, según el Energy Saving Trust. Por tanto, repartirla en 20 supondría para los clientes una reducción inmediata de sus facturas.
Las bombas, que usan luz, salen ahora algo más baratas que las calderas de gas, ya que cuestan 1.148 euros al año, frente a 1.171, según Jan Rosenow, director del programa europeo del Proyecto de Asistencia Reguladora. El problema es que una bomba cuesta 11.900 euros, frente a los 3.000 de una caldera. Así que los consumidores tendrían que pagar 8.900 más para ahorrar solo 24 al año: tardaría 400 años en amortizarse.
El Gobierno ya ha ayudado un poco al eliminar el 5% de IVA sobre las bombas. También está subvencionando las nuevas con 6.000 euros al año, lo que ayuda mucho. Pero solo hay dinero para 30.000 anuales. Y en el país se instalan 1,7 millones de calderas al año. Así que el plan solo aborda el 2% del problema.
Para que el HIP funcione, hay que reducir tanto los costes iniciales como los de funcionamiento. Hay formas. El HIP ayudará porque las utilities disfrutarán de descuentos en las compras al por mayor. El Gobierno también estudia un plan para exigir a los fabricantes de aparatos de calefacción que proporcionen un determinado número de dispositivos de bajo coste y bajas emisiones. Ello reduciría el precio de las bombas al cobrar un poco más por las calderas.
Exigir a las utilities que saquen a concurso el equipamiento de los hogares podría reducir aún más los costes. Octopus, un proveedor, ya ha encontrado formas de instalar bombas de forma más eficiente y barata. Con un despliegue de tipo militar, subiendo una calle y luego otra, habría aún más economías de escala.
El objetivo debería ser mezclar estas medidas para garantizar que el coste inicial de una bomba se mantenga en torno a las 4.800 libras, una vez acabe la subvención actual: los consumidores solo tendrían que pagar 1.800 euros más que por una caldera.
Los costes de funcionamiento también tienen que bajar. Muchos economistas piensan que los costes de la descarbonización deberían pasar de la electricidad al gas. Pero con el gas en alza, cobrar a los consumidores aún más no tiene sentido político. Y suprimir la tasa sobre la electricidad haría un agujero en los Presupuestos.
Pero hay una solución. El Gobierno podría eximir de la tasa a la luz usada en las bombas. Según Rosenow, esto supondría un ahorro de 156 libras al año para los consumidores, lo que elevaría a 176 libras la ventaja anual de las bombas respecto a las calderas. En Dinamarca ya se hace, al ofrecer a los consumidores un descuento en sus facturas basado en la cantidad media usada en las bombas.
Todo esto sumado significaría que los consumidores pagarían 1.800 euros más para disfrutar de un ahorro de 209 al año. Con el coste inicial recuperado en 20 años, las facturas bajarían enseguida y las bombas volarían. El HIP también tiene que ser justo. Solo deben pagar el coste los clientes que tengan un equipo nuevo. Es más, los que quieran tanto paneles como bombas –o necesiten unas grandes– deberían pagar más que los que tengan unos u otras. Así, unos consumidores no acabarán subvencionando a otros.
El HIP también debería extenderse a todo el país y a diferentes tipos de hogares. No está pensado para sustituir un plan ya existente, llamado ECO, que ofrece a los hogares con bajos ingresos aislamiento gratuito y cosas así. El país necesita también un plan ambicioso que abarque todos los hogares, y el HIP lo logra. Recorta las facturas, mejora la seguridad energética, reduce las emisiones, crea empleos verdes y distribuye los beneficios por todo el país, contribuyendo a la agenda de “nivelación” del Gobierno. ¿Qué más se puede pedir?
